|
| |
Justicia:
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS RECHAZAN JUICIO CONTRA JUEZ GARZON
Por Enrique GUZMÁN de ACEVEDO, Corresponsal en Viaje
|
|
MADRID/BUENOS AIRES/SANTIAGO (EUROLATINNEWS) - Los defensores de los derechos humanos de Francia, España, Argentina, Chile y de otros países del mundo han lanzado una rotunda voz de protesta por la decisión de la justicia española de sentar en el banquillo de los acusados al juez Baltasar Garzón, magistrado que en 1998 logró la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres.
Para ellos, lo que hace la justicia española con este pretendido juicio contra el juez más famoso de España es "culpabilizar y enjuiciar" a las víctimas de las dictaduras.
Al analizar el anuncio del Tribunal Supremo español de juzgar a Garzón por el delito de prevaricación al "excederse" -presuntamente- en sus competencias legales al abrir una investigaciòn sobre los crímenes franquistas, el matutino norteamericano "The New York Times" criticó la "injusticia española", subrayando que son los delitos los que deben ser castigados y no los investigadores de los mismos.
Ante el sorpresivo anuncio judicial, grupos progresistas argentinos -entre ellos las "Abuelas de la Plaza de Mayo"- han decidido pedir a los tribunales de su país "investigar en Argentina los crímenes de la dictadura franquista", así como lo hizo Garzón al investigar desde España los delitos de las dictaduras sudamericanas de los años 70.
"El 14 de abril será presentada en Buenos Aires una querella por el delito de genocidio durante la dictadura franquista", precisó en Madrid el abogado Carlos Slepoy, defensor de varias denuncias en contra de militares dictadores argentinos y chilenos, a las que el juez Garzón dio curso legal en España condenando a prisión a varios culpables.
Para muchos jueces, abogados, fiscales Españoles y de otras diversas nacionalidades es incomprensible que un juez que busca castigar a quienes han pisoteado los derechos humanos pueda ser sancionado judicialmente.
Otras voces democrátricas han subrayado de que se trata más de una "persecución política" que judicial. Por ello, no es extraño que entre los "acusadores" de Garzón esten organizaciones o grupos ultraderechistas adoradores del fenecido franquismo.
Garzón logró importantes avances judiciales en contra de los militares dictadores y torturadores de Argentina y Chile, que antaño mancharon con sangre las democráticas libertades logradas con el voto popular.
Si bien el juez Garzón logró acorralar en Londres a Pinochet -que gobernó Chile con mano de hierro desde 1973 a 1990- y llevar ante la justicia a otros militares dictadores de Argentina, ha sido la justicia de su propio país la que busca juzgarlo por...tratar de investigar y castigar las injusticias de la dictadura de Francisco Franco en España.
Si se concreta el juicio en su contra, el juez será suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional -donde investigó, procesó y condenó a varios militares chilenos y argentinos-, abriendo un duro paréntesis en su carrera judicial de más de 20 años de funciones. Y si fuese condenado por el presunto delito que se le imputa, afrontará una condena de 10 a 20 años de inhabilitación para seguir actuando como magistrado.
Al otro lado de la medalla, si la Audiencia Nacional finalmente decide no investigar "el terrorismo de Estado franquista estará incumpliendo sus funciones" judiciales, denunció en España la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La Asociación "lamenta la decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón", subrayando que "se trata de un agravio a las víctimas de la dictadura franquista y de una decisión que principalmente satisface a quienes cometieron y legitimaron las violaciones de derechos humanos de la dictadura y a quienes desde el presente las enaltecen".
"El intento de Baltasar Garzón de investigar las, al menos, 113.000 desapariciones causadas por la represión franquista fue un momento especialmente importante para los familiares de esos desaparecidos y
desaparecidas", destaca la Asociación en un comunicado entregado a EUROLATINNEWS.
"Se trata del mayor delito violento de nuestra historia reciente, a pesar de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, lo calificara de 'delito común' insultando a la inteligencia, a los derechos y a los hechos padecidos por decenas de miles de familias", añade.
Esas desapariciones a las que hace referencia el comunicado ocurrieron mayoritariamente entre el 18 de julio y el 30 de octubre de 1936.
"Eso quiere decir que alguien dio la orden de comenzarlas y alguien dio la orden de detenerlas", denuncia la Asociación al referirse a los inicios de la dictadutra del General Franco.
Por esa razón- insiste el comunicado- "el tratamiento pretendido por la fiscalía de que se trataba de hechos aislados y eran competencia de los Juzgados de Primera Instancia es una manipulación más política que jurídica. Se trata de un periodo en el que desaparecían después de una detención ilegal más de 1.200 civiles cada día y eso sin duda fue consecuencia de una campaña dirigida y orquestada por una banda armada, compuesta por militares golpistas y pistoleros de Falange y cuya investigación, sin duda alguna, es competencia del juzgado central, la Audiencia Nacional".
La Ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor diez meses antes de que Baltasar Garzón iniciara la instrucción sobre los crímenes del franquismo, preveía la posibilidad de que los familiares de las víctimas pudieran abrir una vía judicial.
En su Disposición Adicional Segunda dice:
"Las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España".
Numerosos de esos tratados y convenios internacionales obligan al Estado español a llevar a cabo una investigación acerca de los crímenes de la dictadura franquista sin las "excusas que se han utilizado, como la existencia de una Ley de Amnistía, la de 1977, que no tiene ninguna vigencia como dicta el derecho internacional humanitario".
Por todo ello, la ARMH anunció sin titubeos en su comunicado que continuará ayudando a los familiares de los desaparecidos y que seguirá "tratando de encontrar justicia para ellos mientras el sistema judicial español continúa sin hacer nada para que los familiares de delitos tan graves se sigan cometiendo".
Al referirse al proceso contra el juez Baltasar Garzón, la Asociación afirma que "se trata de un hecho que aleja al Poder Judicial español de la Justicia y lo coloca en un lugar más cercano a la política, al incumplimiento del derecho humanitario y a algo parecido a una caza de brujas".
La ARMH espera también que en su defensa el juez pueda demostrar que cumplió con su deber y que "es insostenible que en nuestra sociedad sigan muriendo personas que han padecido los delitos más graves que pueden ocurrir en una sociedad y los poderes del Estado no trabajan para garantizarles su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación".
En el "caso Garzón" la propia justicia parece estar en tela de juicio.
(EUROLATINNEWS)
Copyright:
Este artículo y su contenido no puede ser utilizado sin el consentimiento de
EUROLATINNEWS | |
|
|
