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Cine:
INTELECTUALES EXIGEN JUICIO JUSTO PARA DOCUMENTALISTA DETENIDA EN CHILE
Por Enrique GUZMÁN de ACEVEDO, Director de EUROLATINNEWSS
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SANTIAGO (EUROLATINNEWS) - Amnistía Internacional (AI) abogó por una "acción urgente" en favor de la documentalista chilena Elena Varela, detenida cuando estaba filmando la problemática situación del pueblo Mapuche, al tiempo que un grupo de intelectuales exigía "un juicio justo" para la cineasta que se encuentra recluída desde comienzos de mayo en una cárcel de alta seguridad, acusada de estar vinculada a asaltos bancarios perpetrados por extremistas de izquierda en 2005.
El caso de Elena Varela levantó una ola de protestas de organismos humanitarios y del gremio de documentalistas y cineastas chilenos y argentinos, pero la prensa nacional prácticamente ha ignorado tales protestas que han tenido más repercusión entre los corresponsales extranjeros acreditados en Chile.
Antes de ser condenada a seis meses de "prisión preventiva" por la jueza Andrea Urbina, "para que la fiscalía investigue" el caso --según explicó la propia magistrada--, la policía civil incautó el material fílmico de cuatro años de trabajo que la cineasta, productora, guionista, compositora y directora de la empresa "Ojo Film" había acumulado para su proyectado documental "Newen Mapuche".
Este documental está basado en la lucha del pueblo Mapuche por recuperar sus derechos a ocupar tierras ancestrales ubicadas en la sureña región de la Araucanía, cuya capital es Temúco, a 673 kilómetros al sur de Santiago.
Al márgen de las graves acusaciones de haber financiado y ser autora intelectual de dos asaltos perpetrados hace tres años en dos localidades sureñas por ex-militantes del ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), tanto Amnistía Internacional como grupos de intelectuales chilenos y argentinos lanzaron sendas campañas para la urgente recuperación del material fílmico de la cineasta y para que ella tenga un "juicio justo" basado en el estricto respeto de los derechos fundamentales.
Entre los intelectuales que salieron en defensa y apoyo de la documentalista figuran el Premio Nacional de literatura José Miguel Varas, los cineastas Silvio Caiozzi y Patricio Guzmán, ambos galardonados en diferentes festivales internacionales, así como los Premios Nacionales de Periodismo Faride Zerán y Juan Pablo Cárdenas.
Ellos exigen un "juicio justo, presunción de inocencia y libertad provisional" para la documentalista, pidiendo además su desvinculación de los supuestos delitos que se le atribuyen y el respeto integral a su derecho de autor. Al respecto, en una declaración entregada a la prensa, los intelectuales consideran que la incautación del material fílmico de la cineasta constituye "una grave violación de la libertad de expresión, del derecho de autor y del secreto profesional que ampara a las fuentes de un reportaje priodístico".
La propia acusada, en una carta escrita en la cárcel y hecha pública por el gremio de los documentalistas, expresa su inocencia en los delitos imputados y pide el resguardo de los equipos de filmación y del material fílmico incautados durante el allanamiento de su residencia, solicitando además el respeto por los testimonios de todas las personas entrevistadas por ella para el documental.
"(...) Aquí estoy perseguida, inculpada, y detenida de cargos que no he hecho. Lo que en verdad he realizado es la búsqueda de memoria, la razón de la lucha de muchos grupos sociales, y lo he realizado junto a muchos otros profesionales del area audivisual", explica, precisando que desde hace cuatro años investiga "el conflicto del pueblo Mapuche con las (Empresas) Forestales y con el Estado, cosa que ha sido muy difícil", señala no sin antes denunciar "la inmensa represión que se ha sometido" a los actores sociales de este capítulo de la realidad chilena.
Haciéndose eco de este clamor conjunto, la Ministra de Cultura, la actriz Paulina Urrutia, propuso al Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, aplicar medidas de protección y resguardo para el material incautado a la cineasta, planteando asimismo el respeto al derecho de "reserva de la fuente de información". La ministra aprovechó la ocasión para entregar al Fiscal un Informe Técnico elaborado por un grupo de profesionales dirigidos por el Director de la Cinetaca Nacional, Ignacio Aliana, con el inventario del material incautado a la documentalista chilena.
El Fiscal, por su parte, expreó su disposición para considerar la aplicación en este caso del derecho de reserva de la fuente de información y proteger debidamente el material fílmico.
Fuentes del gremio audiovisual explicaron a EUROLATINNEWS que el material incautado se refiere únicamente a la lucha que por sus ancestrales derechos a la tierra mantienen desde hace muchos años los Mapuches del sur de Chile y que nada tiene que ver con los presuntos delitos por los que está acusada la documentalista detenida el 7 de mayo junto cinco ex-miembros del MIR.
En una declaración emitida antes de la reunión de Paulina Urrutia con el Fiscal, el Consejo de Arte y la Industria Audiovisual, presidido por la propia Ministra de Cultura, había manifestado "la preocupación del sector audiovisual" sobre el caso de Elena Varela, subrayando la "profunda reflexión" que ha provocado en el seno del Consejo los "alcances que esta situación puede tener en el trabajo de los audiovisualistas del país".
"Existe especial preocupación respecto de los originales de cámara, que contienen testimonios registrados en el marco de la realización de un relato documental bajo acuerdo expreso de manifestar el anonimato de las identidades de los entrevistados", indicaba la declaración, antes de subrayar que "la eventual utilización de este material como medio de prueba puede sentar un precedente perjudicial para el desarrollo de piezas audiovisuales que requieran de testimonios".
Por todo ello, este Consejo Cultural, que depende directamente del Ministerio de Cultura, pide a los órganos judiciales el derecho de reserva y respeto de las fuentes de información, solicitando además la devolución del material original incautado.
En medio de las protestas de intelectuales chilenos y argentinos, el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti, había lanzado por su parte un llamamiento de "acción urgente" en favor de la documentalista encarcelada, pues "más allá de las acusaciones de carácter penal que puedan existir, es inadmisible la limitación a la libertad de expresión y el secuestro de los materiales que se han hecho del trabajo de documentación que Elena Varela estaba haciendo".
Fuentes del sector, recordaron que el 17 de marzo los documentalistas franceses Christopher Cyrill Harrison y Paul Rossi, que también investigaban sobre el conflicto mapuche, fueron detenidos y maltratados en Collipulli, en la Región de la Araucanía, antes de ser liberados sin cargos, huyendo despavoridos del país por haber sido --dijeron-- "tratados como delincuentes y de pertenecer a ETA (Organización separatista vasca armada)".
Lo mismo ocurrió con los documentalistas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, detenidos el 3 de mayo pasado en la zona, por haber metido también las narices en el conflicto mapuche, antes de ser expulsados del territorio por disposición de la Intendencia de la Araucanía.
"Nos trataron como terroristas...", dijeron los italianos.
Al recordar estas cuatro detencions, los intelectuales que firmaron el llamamiento en favor de la documentalista chilena, subrayan la necesidad de impedir por todos los medios que los materiales documentales "sean manipulados, violados en su privacidad por terceros y usados como material de investigaciòn o prueba policial".
El grito Mapuche de justicia está en esos documentales.
(EUROLATINNEWS)
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